5 de Abril, del Autogolpe Fujimorista...

El 05 de abril de 1992 se quebró el orden constitucional. Para la mayoría este hecho marcó el inicio de la dictadura de la década de los noventas y todas las consecuencias que ésta traería. Para los fujimoristas, la decisión fue obligada para frenar el avance terrorista y el grave problema económico, para lo cual se necesitaba hacer un borrón y cuenta nueva.

Por esos días, Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República, intervino el Poder Judicial y Ministerio Público, entre otras instituciones. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se volcaron a las calles y plazas, y el caos rondó a los peruanos; mientras la comunidad internacional seguía con preocupación estos hechos.

Lo cierto es que al régimen de Alberto Fujimori –quien hoy cumple condena por delitos de lesa humanidad-, si bien un sector le reconoce el combate a la subversión y haber insertado al país en la economía mundial, otros, le sacan en cara que el costo para ello fue bastante elevado.

Fueron diez años en los que los casos de corrupción eran pan de cada día, donde el gobierno manejaba desde el SIN las líneas editoriales de diversos medios de comunicación vendidas al régimen, instituciones que impartían justicia según conveniencias, una fuga de talento que no veían prosperidad ante este escenario, la compra de conciencias e ideologías, los asesinatos, secuestros, torturas y abusos de poder contra quienes se oponían a la nuevas normas, reglajes a personalidades influyentes y líderes de opinión, el recordado ‘transfugismo’, millones de dólares del tesoro público destinados a cuentas particulares en el extranjero, y sobretodo el legado del que más nos cuesta sacudirnos; el descrédito de la población ante la clase política venidera.

Pese a haber pasado 19 años, estos años oscuros vienen a la memoria en días en los que ad portas de las elecciones del 10 de abril, hay ofertas electorales que van desde modificar la Constitución vigente, convocar a Asambleas Constituyentes, hasta denuncias de intentos solapados para controlar la libertad de expresión y percepciones de indultos por lazos sanguíneos.